La Junta de Castilla y León hará valer la extensión territorial de la Comunidad, 94.226 kilómetros cuadrados, como criterio “objetivo” en el reparto de recursos, ante el “miedo” de que el “silencio” del Gobierno de Pedro Sánchez sobre la demandas de partidos nacionalistas e independentistas, se traduzca en “privilegios” de unas autonomías frente a otros a cambio de apoyos en una futura investidura.
En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, explicó que el Consejo de Gobierno había analizado la actualidad referida a las demandas de tratamientos o recursos “específicos”, o “diferencias” en la asunción de la deuda de las comunidades por parte del Estado.
Después de que Junts haya cifrado en 450.000 millones de euros la deuda histórica del Estado con Cataluña, que con 32.108 kilómetros cuadrados tiene una superficie tres veces menor que la Comunidad, el portavoz quiso dejar claro que la Comunidad, la más extensa, también tiene necesidades en materia de infraestructuras que no han sido atendidas de forma “suficiente” por el Gobierno.
En ese sentido, Fernández Carriedo advirtió de que Castilla y León tiene “tres veces más de superficie” que Cataluña lo que a su juicio tiene una traslación en las inversiones y en el déficit de infraestructuras. No obstante, evitó cifrar el montante que tendría la deuda de la Administración Central con Castilla y León, donde recordó este año han bajado las inversiones sin que a su juicio “nadie” haya podido explicar por qué.
Asimismo, el consejero portavoz apuntó que Castilla y León, una comunidad “leal” con la unidad nacional, no exige que se solvente el déficit «de un día para otro», sino que haya “igualdad” y que no haya “tratos de favor” o “privilegios” de unas comunidades sobre otras a cambio de apoyos de unos determinados partidos. Su temor, dijo, se produce porque el Gobierno también negó los indultos a políticos catalanes, la eliminación de la sedición del Código Penal o la rebaja de la malversación y terminaron viendo la luz.
Al respecto, el portavoz de la Junta avisó de que van a “defender” los intereses de la Comunidad y de los ciudadanos, así como sus demandas en materia de infraestructuras o de recursos financieros. Por ello, exigió “igualdad” entre todos los españoles, residan donde residan, y que “no haya privilegios”, es decir, unas “ventajas” de unas comunidades sobre otras», en función de los apoyos que se necesiten en una sesión de investidura.
Finalmente, Fernández Carriedo aseguró que van a “defender los intereses” de Castilla y León como ya han hecho en el pasado cuando recordó la “batalla” dada contra las denominadas “vacaciones fiscales vascas”, que ahora recordó sólo puede recurrir el Gobierno, tras cambiarse la norma. Por ello, señaló que pedirán al Ejecutivo central que recurra las decisiones de las diputaciones forales que generen desigualdad para las comunidades de régimen común.